El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, hasta ahora llamada Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Este modelo, que empezará a implantarse en 2025 tras ser debatido con comunidades autónomas, universidades, asociaciones de estudiantes y familias, cuenta con una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio.
Según ha destacado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, “se han mantenido más de doscientas reuniones” para diseñar “un modelo de prueba que esté ceñido a la nueva forma de aprender y enseñar de la Ley de Educación”. El Partido Popular, sin embargo, ha denunciado que el Gobierno ha aprobado la norma “unilateralmente” y ha negado que homogeneice el sistema de acceso a la Universidad.
Al margen de la contienda política, el alumnado que el próximo curso supere con éxito segundo de Bachillerato y se presente a la prueba, tendrá que examinarse de cuatro materias: Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada e Historia de España o de la Filosofía. En el caso de las comunidades con más de una lengua oficial, los estudiantes también se examinarán de Lengua Cooficial y Literatura II.
Además, quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán someterse a la evaluación de hasta cuatro asignaturas más, elegidas por el alumno o alumna. Podrán ser materias de modalidad, cursadas o no, la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía) y una segunda lengua extranjera, aunque esta última pasaría a ser de obligada realización para aquellos estudiantes que opten por enfrentarse al número máximo de exámenes.
Cada ejercicio tendrá una duración de noventa minutos, con un descanso mínimo de media hora entre los que se realicen de forma consecutiva. No obstante, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a disponer de más tiempo para completar cada examen, si así lo prescribe su necesaria adaptación y sin que afecte a la duración de sus descansos.
En cuanto a las características de los ejercicios, habrá un modelo único para cada materia, estructurado en diferentes apartados. Se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas, aunque esta opcionalidad no implicará la disminución del número de competencias específicas evaluadas, por lo que el alumnado habrá de estudiar todo el temario. Las pruebas, que podrán contener tareas o preguntas de respuestas cerradas, semiconstruidas y abiertas, se contextualizarán en entornos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos y, a ser posible, en entornos próximos a la vida del alumnado. Para su resolución, los estudiantes deberán demostrar creatividad, capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez.
La nueva normativa concreta las características básicas de los ejercicios que componen la Prueba de Acceso a la Universidad y regula unos parámetros comunes para la evaluación de los estudiantes. Para cada examen, deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados, que incluyen la valoración de la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, que supondrá al menos el 10% de la nota de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto. Estos parámetros, en cualquier caso, “podrá flexibilizarse en el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, según recoge el decreto. Las comisiones organizadoras de las pruebas asegurarán la aplicación de criterios específicos de corrección y calificación, así como la aplicación de un mismo procedimiento de revisión en todo el territorio.
Como hasta ahora, la calificación de la prueba se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima será un 4. La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60% de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5. En la fase de admisión se sumarán a esta nota de acceso las dos mejores calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.
Tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha incidido en que “es la primera vez que se incluyen criterios comunes y homogéneos para todos los territorios tanto en el formato de las pruebas como a la hora de evaluarlas”, con un modelo que, además, es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y las universidades. Esta afirmación, sin embargo, ha sido rechazado por la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, quien ha sentenciado que “lo único que cambia es el nombre” de la evaluación, que “volvemos a llamarla PAU”.