El Gobierno destinará 10 millones de euros al Plan VECA para combatir la pobreza infantil y garantizar las necesidades alimentarias durante el verano de los 375.000 niños que se encuentran en una situación de “carencia severa” en España. El objetivo prioritario es organizar, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, comedores infantiles que ofrecerán desayuno, comida e incluso un “paquete de cena” a los menores más necesitados.
Con esta iniciativa, se quiere atajar de manera inmediata los efectos que muchos alumnos sufren al acabar el periodo escolar, ya que “algunos niños de entre 4 y 6 años llegan a perder hasta 4 kilos”, según explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
Para alcanzar esta meta, el Gobierno duplicará los fondos destinados al programa ya existente de ayuda a comedores de verano. De esta manera, se podrán cubrir las necesidades del doble de menores que en años anteriores, con el fin de que todos aquellos que cumplan los requisitos de carencia severa y que estén en riesgo de pobreza sean atendidos. No obstante, la también ministra de Educación y Formación Profesional garantizó que, en el caso de que sea necesario, se aumentaría la dotación del plan, porque “no podemos permitirnos que los derechos de los niños estén tan desprotegidos”.
El programa también contempla la organización de actividades extraescolares, deportivas o de aprendizaje para los estudiantes de entre 12 y 16 años “que nunca han tenido la oportunidad de salir de sus hogares para tener unas vacaciones”, indicó la ministra.
Unos datos preocupantes
En opinión Celaá, los datos sobre pobreza infantil son “muy preocupantes” y exigen que se tomen “urgentemente medidas de choque”. De hecho, los menores de 16 años constituyen el grupo de mayor riesgo de pobreza en España y, según las estadísticas, el 28,1% se encuentra en esta situación, lo que supone un total de 2,1 millones de niños y niñas en todo el país. De estos, 375.000 sufren “carencia severa”, al no tener garantizadas “sus necesidades alimentarias” una vez finalizado el periodo escolar.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, destacó que el Plan VECA pretende acabar con el “doble castigo que, por la pobreza y por la exclusión, significa que los menores en situación de vulnerabilidad no puedan tener un verano como tienen otros niños y niñas”.
Menores en situación de vulnerabilidad
Días antes de la aprobación del Plan VECA por parte del Consejo de Ministras y Ministros, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras denunciaba que, con la llegada del verano, cerca de 600.000 menores en situación de vulnerabilidad pierden la posibilidad de acceder a comedores escolares y a actividades que complementen su formación, quedando “desprotegidos por la falta de políticas públicas coordinadas”. En este sentido, FE-CCOO lamentaba que la finalización del curso suponga “un drama para miles de niñas y de niños que tienen en el subsistema escolar el único medio efectivo para tener acceso a la cultura y a la educación, y a una alimentación adecuada a sus necesidades de crecimiento”.
Ante este panorama, el sindicato exigía a las administraciones públicas que mantuvieran abiertos los centros docentes durante las vacaciones estivales, desarrollando proyectos educativos y socioculturales suficientes y realizando una inversión acorde con las necesidades de la infancia en situación de pobreza, para paliar así el impacto de las políticas de reducción del gasto social sobre los sectores más desfavorecidos de la población y sobre la clase trabajadora.
De este modo, CCOO criticaba que “los recortes ejecutados por el anterior Gobierno del PP, aún en vigor, achican cada vez más el espacio social para millones de personas que se encuentran en situación de exclusión, así como las perspectivas de futuro de tantas personas abocadas a engrosar las listas de desposeídos y excluidos de los sistemas educativo y de protección social”.
En este contexto, proponía la adopción de políticas públicas coordinadas entre las administraciones centrales, autonómicas y municipales, ya que las expresiones de solidaridad particulares que, en mayor o menor medida tratan de paliar la pobreza educativa, son insuficientes. “Las becas y ayudas -añadía el sindicato- son imprescindibles para garantizar la equidad del sistema educativo; pero no menos importante es desarrollar inversiones que impulsen las políticas de protección social necesarias para que las familias en situación de precariedad y pobreza tengan unas expectativas de futuro para sus hijos e hijas que vayan más allá del aula y del curso escolar”.