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¿Cuáles son los motivos por los que la Plataforma por la Escuela Pública ha convocado una huelga en educación?

28/01/2017 - Eduardo Navas
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha confirmado la convocatoria de una huelga general para el 9 de marzo en todos los niveles de la enseñanza, desde la etapa de Infantil hasta la Universidad. Será el tercer paro de estas características en el que participen de forma conjunta el profesorado, el alumnado y los padres y madres de los estudiantes desde que gobierna el Partido Popular en España. Con esta protesta exigirán la derogación definitiva de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y la reversión de los recortes presupuestarios, y pedirán que el Pacto por la Educación que se negocia en el Congreso de los Diputados no sea solo político, sino también social.




CEAPA, CCOO, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, MRP, STES, Sindicato de Estudiantes y UGT son las organizaciones (integrantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública) que han convocado la huelga, al considerar que la “lucha en la calle” está siendo la fórmula más eficaz para que se atiendan sus reivindicaciones. Estos son, en detalle, los motivos que les han llevado a consensuar una nueva jornada de paro:

1. Derogación definitiva de la LOMCE

Los convocantes califican de “inaceptable” la decisión del Consejo de Ministros “por el que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para intentar anular el acuerdo del Congreso por el que se impulsa la paralización de la LOMCE”. A su juicio, esto es una muestra de que el equipo de Mariano Rajoy “considera que el poder legislativo debe estar supeditado al ejecutivo y que la soberanía no reside en el pueblo, sino que es propiedad exclusiva del Gobierno”. 

La “retirada inmediata” de dicho recurso y el inicio de los trámites para la derogación total de la reforma educativa serán dos de los grandes objetivos de la huelga. “La educación necesita un cambio sustancial y rápido”, declaró el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, José Luis Pazos, quien abogó por “un acuerdo que nos lleve a la eliminación de la LOMCE en el plazo de seis meses” y la aprobación de “una nueva ley” que salga del Congreso.

La supresión de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es, además, una de las condiciones planteadas por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras para que “entraremos en el pacto educativo”. 

2. Un Pacto por la Educación no solo político

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública critica que la subcomisión parlamentaria creada para la concreción del Pacto por la Educación “aún no ha empezado sus trabajos y su objetivo ya ha sido modificado”. En concreto, denuncia que “ya no trabajará para configurar una nueva ley” educativa, sino “un documento sobre la Estrategia 2020 que luego quizás sirva” para elaborar otra norma básica, “o no”.

El hecho de que la citada subcomisión lleve más de un mes sin reunirse hace pensar, además, que el pacto puede dilatarse en el tiempo, “mientras se siguen aplicando la LOMCE y los recortes” en educación. Así lo vaticinó el presidente de CEAPA, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid informar sobre la convocatoria del 9 de marzo.

Por su parte, el secretario general de FE-CCOO incidió en que ese gran acuerdo debe negociarse entre los grupos parlamentarios con la colaboración de las organizaciones sociales y la comunidad educativa. Tras lamentar que actualmente “solo está dibujado un pacto político”, Francisco García sentenció que “los padres, profesores y estudiantes de la pública también tenemos legitimidad” para participar en su elaboración.

En similares términos se pronunció la representante de FETE-UGT, Maribel Loranca, quien se quejó de que el pacto se esté negociando “a espaldas del profesorado”, a pesar de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo “diga que es el motor del cambio”. Aún más contundente se mostró la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, al afirmar que el titular del ramo “no tiene intención de pactar nada”. Para Ana García, se trata de una “estrategia vergonzosa para seguir recortando y mantener la LOMCE”. 

3. Reversión de los recortes

Las nueve organizaciones que apoyan la huelga exigen revertir los recortes económicos, incrementar el presupuestario dedicado a educación y recuperar un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Asimismo, piden la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, la recuperación de las plantillas docentes y la disminución de las ratios. 

Sin embargo, temen que los compromisos de España con la Unión Europea para reducir el déficit supongan la aplicación de un nuevo ‘tijeretazo’ de “mil millones de euros en educación”. A este respecto, el responsable de FE-CCOO lamentó que Íñigo Méndez de Vigo “ofrezca con una mano el pacto y con la otra apriete la tuerca de los recortes. 

Desde el Sindicato de Estudiantes, demandan que “devuelvan todo el dinero robado a la educación pública, que son más de 7.000 millones de euros; que se reviertan todos los ataques, como los despidos de nuestros profesores; que se acabe la masificación y que se dignifique una FP sin tasas”. Además, se pide que “vuelvan los estudiantes expulsados de las facultades por no tener dinero, que se terminen las tasas abusivas y que las familias trabajadoras reciban becas dignas para poder acceder a la universidad”.

4. Otras reivindicaciones

La supresión de las “contrarreformas universitarias” y de las prácticas no remuneradas en la Formación Profesional son otras dos reivindicaciones de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que también reclama que se ponga “freno a la privatización del sistema educativo”. Y es que, según sus representantes, “en este escenario, el pacto que dice querer alcanzar el Gobierno no es posible, porque dicho mensaje se demuestra falso de nuevo”.

Alejandro Delgado, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas, destacó durante su intervención en la rueda de prensa la necesidad de cambiar el actual modelo de tasas universitarias, al tiempo que lamentó que miles de alumnos hayan sido “expulsados” de la educación superior por no poder afrontar los gastos.

Para la plataforma, el modo de proceder del Gobierno “no puede quedar sin respuesta”, por lo que ha hecho un llamamiento a los integrantes de la comunidad educativa, de todos los niveles y etapas de la enseñanza, a secundar el paro previsto para el 9 de marzo. La convocatoria, no obstante, no tendrá el respaldo de los sindicatos ANPE, CSIF y FSIE, ni de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que optan por el diálogo con la administración.
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